En el decreto se admite que el reperfilamiento «ha generado desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».

A través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió excluir del reperfilamiento de la deuda pública nacional a los títulos que estén en posesión de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires o sus entres descentralizados.

Se trata del decreto 796/2019 que indica que «se excluye de la postergación prevista en el artículo 1° del Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019 y su modificatorio, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo identificados en su Anexo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social».

A su vez, el decreto ordena a las provincias y a CABA, a informar cuáles son los títulos que las jurisdicciones tienen en su poder y su valor nominal.

El reperfilamiento «ha generado desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ellas en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».

«Este decreto es bueno para las provincias. Se normaliza el pago de LETES y LECAP a provincias. No quedaba tanto porque se les fueron recomprando a las provincias si tenían deudas que pagar», indicaron desde Hacienda.

De esta forma, las provincias y la Ciudad cobrarán los títulos que tengan en su poder en la fecha original de vencimiento y para los que ya vencieron, el DNU especifica que «serán cancelados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la información (la declaración de tenencia por parte de los estados provinciales) o de la publicación del decreto.