Tras los reclamos de la familia de la mediática finalmente llegó la autorización para destrabar el aparto.

A casi un año de su fallecimiento, la División de Operaciones Técnicas de la Policía Federal no pudo desbloquear la tablet de Natacha Jaitt. Era un proceso que había quedado pendiente desde el año pasado (la actriz murió el 23 de febrero de 2019) y que esta semana parecía haberse destrabado tras un reclamo de su familia.

A través de su abogado, Alejandro Cipolla, Antonella Olivera, la hija de la mediática, había realizado un contundente pedido a la Justicia: «Vengo por la presente a fin de solicitar se arbitren los medios necesarios para prestar colaboración para abrir el dispositivo Ipad (de Jaitt), en atención a que es de público conocimiento que pudieron realizar una maniobra similar en el esclarecimiento del homicidio de Fernando Báez Sosa (el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers)».

La respuesta llegó tan sólo un día más tarde. Y fue positiva. Sin embargo, el procedimiento no fue exitoso. «No se pudo hacer la apertura de la tablet. Se intentó con el 20% de batería, luego con el 100%. Temían que la poca carga tuviese que ver con la complicación, pero no. Era por otra cosa», explicó Cipolla en diálogo con Clarín.

Además, el letrado destacó que «los peritos dijeron que como tiene el sistema operativo viejo lo primero que hay que hacer para continuar con el proceso es actualizarlo». Pero no se animaron a tomar esa decisión por «temor de que con la actualización se pierda la información».

Así las cosas, en la semana del 17 de febrero se fijará una audiencia para finalmente llevar a cabo el desbloqueo. «Estarán todas las partes y ahí se realizará el peritaje correspondiente con vista de todos», explicó Cipolla.

En caso de que el resultado vuelva a ser negativo, se enviará la tablet a la empresa que vendió el software que utilizan los distintos organismos (la Policía Federal y Gendarmería, por ejemplo) para este proceso y se le pedirá que ella misma se encargue del trabajo.

Hasta el momento no se había podido realizar esta tarea debida a la «falta de fondos» que argumentaba la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Es que el procedimiento informático demandaba una suma total de 25.000 dólares para el Ministerio.

«En el caso de Fernando, la Policía Federal lo hizo gratis», advirtió el letrado en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9). Y cerró: «La Procuración de la provincia de Buenos Aires debería colaborar con nosotros y con los fiscales que estamos peleando para que nos asignen turnos, así como la hicieron en la causa de Fernando Báez Sosa».